5 ejes programáticos sobre economía cultural en Argentina

Tras el actual ciclo del macrismo, la política pública cultural argentina se constituye desde la fragmentación, el paulatino vaciamiento institucional y algunos esfuerzos espasmódicos o reflejos de lo preexistente.

Más que coordinadas por un organismo rector de la cultura, distintas áreas públicas intervienen sobre algunos aspectos, sin asumir la dinámica e interacción de las manifestaciones culturales. Entonces, se visualiza una política de patrimonio y bellas artes, desde una mirada elitista de la alta cultura y el patrimonio cultural; otras cuestionables políticas sobre la cinematografía y el audiovisual; otra restrictiva sobre los medios públicos; otra para las artes escénicas, y un largo etcétera que conforman, en todo caso, un archipiélago de intervenciones. 

Tenemos el desafío de actualizar una definición más profunda, orgánica y programática en torno a qué hacer con la cultura desde el ámbito público. Y para ello es necesario incorporar la dimensión económica de la cultura, que ya de por sí es relevante, pero en el contexto actual es prioritario.

La cultura genera aproximadamente el 2,5% del PBI nacional. Es un sector complejo y heterogéneo que incluye desde grandes jugadores económicos trasnacionales – como Google – hasta artesanos o pequeños productores teatrales. ¿Qué tienen en común todos estos actores? ¿Por qué los englobamos bajo el concepto de cultura? Tal como establece la bibliografía sobre el tema (Zallo, Convenio Andrés Bello, Barbero, entre otros), la definición económica del sector cultural señala que se trata de un conjunto de actividades y productos cuya razón de ser consiste en crear, expresar, interpretar, conservar y transmitir contenidos simbólicos. La producción simbólica como fin en sí mismo, sin otro propósito o necesidad a satisfacer, así se define a la cultura. 

Esta “fábrica de símbolos” incluye a las industrias culturales tradicionales, como el cine, el editorial, la televisión o la industria discográfica, y también a sectores menos industrializados, pero que también generan valor agregado, como el teatro, las bellas artes o las artesanías.  A partir de la revolución digital de los últimos años, se produce un corrimiento hacia servicios de muchas de las actividades culturales, mientras se transforman los actores económicos que forman parte del ingreso cultural. Desaparecen algunos intermediarios o soportes -por ejemplo, los productores de CD o VHS-, se reduce la importancia de las librerías y aparecen nuevos actores sobre plataformas digitales con pretensión de alcance global, como YouTube o Netflix.

Y como paraguas que incide sobre este entramado de símbolos, están las políticas, los programas, las regulaciones que establecen cómo se produce, circula y accede a la cultura. Estos instrumentos deben articularse como parte de una política cultural. ¿Qué pasa con la Ley del libro, el cine, el teatro, el derecho de autor, la ley de servicios de comunicación audiovisual o sobre los proveedores de servicios en Internet? Son iniciativas surgidas de sectores que intentan generalizar y consagrar con fuerza de ley una respuesta a sus demandas. Pero tenemos un déficit de capacidades estatales, que sumadas a una mirada estratégica de la política cultural íntimamente asociada con los sistemas de comunicación, concreten ejes programáticos para “vertebrar la gestión”.

La crisis macroeconómica, empeora tanto la posibilidad de acceso a la cultura, como el desarrollo y fortalecimiento de la creación cultural nacional y local. Históricamente, los usos o consumos culturales se han manifestado elásticos al ingreso: cuando hay más plata se lee más, se va más al cine, al teatro, a un recital, se compra el diario. Y cuando falta plata para llegar a fin de mes, estas actividades se resignan. Si bien las actuales ofertas paquetizadas de servicios (Internet, telefonía y audiovisual de pago) refuerzan la necesidad de sostener algunos consumos culturales digitales, esta encrucijada debe ser abordada al definir la nueva política cultural argentina. 

La convergencia digital, en combinación con la crisis económica, conforman un combo letal para la cultural nacional, popular, democrática y feminista. Hoy, más que nunca, sin Estado no hay diversidad. 

Es por todo esto que resulta imperioso construir una agenda política que integre a la cultura y la comunicación como campos inseparables. La generación de contenidos y su circulación son dos dimensiones del mismo proceso de creación de sentido. Las innovaciones tecnológicas pueden ser afrenta para el arte y la cultura si se implementan desde una lógica mercantil. 

Queremos actualizar el criterio de soberanía para construir con alegría evitando la mediocridad y la dependencia.

Proponemos 5 ejes para contribuir a una plataforma política peronista en cultura y comunicación: diversa, popular, de calidad, federal e integral.

Contenidos digitales en la convergencia

La veloz reconversión tecnológica ha masificado el uso, acceso y disfrute de la cultura por vía digital. Pero todo el andamiaje de políticas y regulaciones organizadas para las prácticas culturales no se adecuaron a estos modos. Nuestros derechos a la cultura y la comunicación no deben ser segmentados por edades ni por soportes de circulación. El acceso a la conectividad digital, tanto como los tradicionales circuitos no son bienes suntuarios: está en juego el acceso a la información, a la comunicación y al entretenimiento que nos constituye como sujetos con identidad. 

En este proceso de transición e imbricación de los formatos que tienden a digitalizarse, si no se definen de manera urgente regulaciones, se profundizarán posiciones dominantes de los promotores y gestores de la creación, circulación y acceso a la cultura en nuestra sociedad. Nuestros jóvenes se acercan a niveles de conectividad plenos, más allá del nivel socioeconómico, pero persisten brechas en las formas de acceso y uso.

Esta situación genera un nuevo mapa de la cultura y lo infocomunicacional. Se incorporan nuevos y pesados actores: “telcos”, proveedores de internet, productores de software y hardware, plataformas de streaming. Todos ellos tienden a la concentración y transnacionalización, lo que por ahora es un problema de precios pero también ejerce presión sobre los contenidos, su discrecional circulación y establecimiento de reglas de retribución.

La convergencia y la integración de nuevos y grandes jugadores, reconfigura la cadena de valor de todos los sectores culturales. La reapropiación del ingreso cultural impacta en los creadores, a través de las pujas entre los intermediarios. Sin un Estado que priorice el carácter de bien social y colectivo de las producciones y los circuitos culturales y comunicacionales, la convergencia puede profundizar su debilitamiento. 

l Consolidar el acceso a Internet como derecho humano, y la accesibilidad digital y el uso de redes como derecho cultural. Sin ciudadanos de primera y de segunda por su ubicación geográfica o su situación socioeconómica.

l Ante la oferta paquetizada de servicios, garantizar de una Canasta Básica de Comunicación, Información y Cultura digital con pisos de calidad y diversidad en todo el país, con tarifas sociales para sectores vulnerables.

l Regulación de plataformas digitales: aportes de los nuevos actores de la economía de redes hacia fondos de producción y fomento nacionales. 

l Cuotas de pantalla y visibilidad para la producción nacional e independiente. 

l Transparencia en el uso de datos. Control de la neutralidad de la red.

l Regulación de posiciones dominantes de mercado por servicio. Regulaciones asimétricas para contemplar proveedores TIC regionales o sin fines de lucro, siguiendo el ejemplo de las mejores prácticas internacionales

 Pluralidad

La cultura implica diversidad, pluralidad, culturas en plural. De otra manera, es pensamiento único, totalitario. La pluralidad en la cultura, tal como indica la declaración de diversidad cultural de UNESCO, es competencia de la política pública. El mercado, si no está regulado, en su afán por maximizar ganancias no perseguirá la diversidad, menos aún si la monotonía que genera concentración es más rentable. El Ministerio de Cultura, a través de marcos regulatorios específicos y de políticas activas, debe trabajar para garantizar la diversidad de contenidos, canales de acceso y de difusión.

l Ampliar políticas y programas para garantizar la generación de contenidos nacionales y regionales.

l Fortalecer la figura de los institutos de fomento como INCAA .

l Financiar al desarrollo y expansión de pequeños y medianos emprendedores de todo el territorio nacional, con herramientas que consoliden el carácter sustentable de sus emprendimientos culturales. 

l Promover la generación de ferias y mercados culturales nacionales, federales e internacionales.

l Desarrollar fondos concursables de fomento para desarrollo de contenidos y distribución federal.

l Considerar a las distintas ramas de la producción cultural como actividades productivas de transformación asimilables a una actividad industrial. Y así, percibir beneficios de las leyes vigentes, de programas de promoción industrial y de fondos afectados para la promoción de cada actividad.

l Rediseñar el marco tributario de las industrias culturales y de la comunicación. Partir de un diagnóstico que identifique la carga impositiva por rama de actividad cultural, las exenciones fiscales y fondos generados por tributos específicos. En función de esta información diseñar un nuevo marco que evite duplicaciones, tratos desiguales en diferentes disciplinas artísticas y que incorpore las novedades en la producción y distribución de la cultura digital.

l Redefinir los medios públicos como Télam, Radio Nacional, los canales y las señales de información, educación, cultura y deportes. Deben tener capacidad de gestión, presencia digital y calidad de contenidos.

Identidad

La identidad nacional es el corazón de la cultura de un país. El Ministerio de Cultura tiene que preservar, difundir y proteger su patrimonio tangible e intangible, su historia, su memoria y su futuro.

l Desarrollar, fortalecer, preservar, acompañar y expandir la red de museos del país, sitios históricos, patrimonio tangible e intangible.

l Rescatar y acompañar la memoria y presente de pueblos originarios.

l Promover y financiar la creación de contenidos que difundan y acrecienten el patrimonio argentino.

l Garantizar espacios para la manifestación del arte y la cultura nacional, en el país y en el mundo.

l Acompañar y fortalecer el trabajo de organizaciones públicas y de la sociedad civil que preservan la memoria y los archivos históricos.

l Desarrollar marcos regulatorios que registren, resguarden y difundan el patrimonio intangible local y comunitario de todo nuestro país.

l Fomentar el conocimiento de las y los ciudadanos argentinos sobre la historia y la identidad nacional y local. Especialmente, promover este acceso al conocimiento para niñas y niños, a través de la articulación con áreas de Educación, medios de comunicación y diferentes museos y archivos del país. 

Creatividad

La creación es el embrión de la cultura. Una cultura fértil y en expansión es una cultura creativa. La creación y la creatividad tienen que ser fomentadas, en todas las etapas de la vida. Sin artistas, sin creadores, sin productores de contenidos culturales, es imposible pensar en una cultura nacional viva y fuerte. 

l Aumentar la  creación artística a través de becas, concursos y otras líneas concursables de fomento específico.

l Estudiar la implementación del programa desarrollado en otros países con éxito “Vale Cultura” como mirada integral que busca generar igualdad en el acceso a la cultura en todo el país.

l Restablecer la garantía de fondos de asignación específica para promover las artes, el cine y la comunicación audiovisual, cuyo vencimiento fue pautado por una Ley promovida por el gobierno de Macri.

l Proteger los derechos laborales, previsionales y autorales de los trabajadores de las industrias culturales, especialmente en su transición a los soportes digitales.

l Articular acciones con las áreas de educación para ampliar y fortalecer la educación artística.

l Apoyar a la investigación y las iniciativas para la expansión de la cultura argentina en el mundo digital.

Diversidad

El reconocimiento de múltiples identidades – basadas en cuestiones sociales, sexuales, lingüísticas o de cualquier tipo – es fundamental para garantizar el pleno ejercicio de los derechos culturales dentro de una sociedad.

El Ministerio de Cultura tiene que implementar políticas activas para fomentar y visibilizar expresiones culturales alternativas, comunitarias y no hegemónicas, que no tienen acceso a los medios de difusión comerciales.

l Disponer de acceso universal a la infraestructura y contenidos culturales. 

l Garantizar servicios audiovisuales de recepción gratuita, con pluralidad de voces y enfoques federales y diversos, desde lo nacional y en todas las regiones del país.

l Fortalecer la cultura comunitaria como eje de integración social.

l Promover actividades culturales para la integración de grupos vulnerables como tercera edad, personas con discapacidades, o que viven en la ruralidad.

l Recuperar la alegría de las/los argentinos en el uso del espacio público como lugar de encuentro en cada ciudad, cada plaza, cada barrio.

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